El juez antiaéreo
Gustavo Gorriti
ggorriti@peru21.com
La polémica decisión del juez Eloy Zamalloa, que pone frente a frente al Ejecutivo con el Poder Judicial, es puesta bajo la lupa en este artículo.
En Lima hay alrededor de 40 mil abogados, de los cuales probablemente 30 mil son superfluos. En el Perú, es posible que sean más de 60 mil. De ese hinchado contingente emergen nuestros jueces. Este país tiene aproximadamente mil 700 jueces profesionales y dentro de ese grupo, alrededor de 700 son jueces civiles o mixtos.
Uno de esos 700, el juez Eloy Zamalloa, del Cuarto Juzgado Civil de Arequipa, dispuso -como se sabe- una medida cautelar que ordenó paralizar las operaciones de la aerolínea Lan Perú, que cubre una parte sustantiva del transporte aéreo dentro del país.
Ninguna simpatía me une a Lan Perú (que no sea la de pasajero satisfecho) y menos a más de uno de sus directivos locales. Pero eso no tiene nada que ver con el asunto de fondo, que sí es donde están todas mis simpatías: el derecho de la gente a un transporte aéreo competente y seguro.
El juez Zamalloa solo se diferencia por una cualidad respecto de un porcentaje significativo de sus 700 pares: su condición de destacado miembro del Apra: Zamalloa fue candidato aprista al Congreso el año 2000 con el número 35 y con el número 5 en la lista por Arequipa el 2001. Caretas aseveró también, el pasado mes de julio, que Zamalloa había sido secretario general del Apra en Arequipa en el período 1998-1999.
Pero aparte de seasaps, pañuelos y escopetas de dos cañones, el juez Zamalloa es funcionalmente idéntico a los otros jueces civiles en el Perú. Eso quiere decir que cualquiera de los 700 puede decidir -medida cautelar en ristre- paralizar la actividad portuaria; detener el suministro de electricidad, o de gas; silenciar los teléfonos y hasta imponer quién o qué ataca nuestras neuronas a través de la televisión.
Cualquiera de esos 700 puede en principio (mediante la tinterillada del caso) paralizar los puertos, despoblar los cielos, vaciar las carreteras, oscurecer las ciudades y forzar el retorno del pregón luego de silenciar las frecuencias de radio y hacerles eutanasia a las de televisión.
¿Exagero? Muy poco, a la luz de lo que el juez Zamalloa ha perpetrado, en medio de los cretinos aplausos de quienes supuestamente defienden desde los fueros del fuero hasta la supuesta separación de poderes.
¿Separación de poderes? Ese tipo de decisiones confiere potencialmente un poder mayor a esos jueces -sobre todo en lo negativo, lo limitante- que el que tienen el Poder Ejecutivo y el Legislativo en sus propios ámbitos. El uno y el otro deben actuar dentro de parámetros y protocolos de acción que aquí no existen, salvo el albedrío y la determinación del juez.
'Dura lex, sed lex'. La ley puede ser dura, pero su aplicación no debe ser estúpida. La ley debe estar al servicio de la nación y no la nación al servicio de la tinterillada. Nuestro país precisa un transporte aéreo denso, intenso, múltiple y plural, pues su difícil geografía así lo impone. Pero además necesita un transporte aéreo seguro, confiable y dinámico si aspira a robustecer o siquiera mantener su desarrollo turístico.
Hemos tenido muy buenos indicadores de desarrollo del turismo en el país. Y lo que es ahora promisorio pero todavía incipiente puede crecer exponencialmente, porque pocas naciones tienen lo que la nuestra. Pero se necesita el mínimo de sentido común y de información para saber que el turismo precisa servicios bien eslabonados, predecibles y confiables. Que si los jueces Zamalloa de este mundo prevalecen, entonces el Perú pasará a ser un destino turístico especializado en 'tours' para masoquistas, que sin duda se irán muy satisfechos, pero que, lamento decirlo, solo serían suficientes como para dar empleo a algunas dominatrices, unos pocos jueces y otros tantos abogados de Azángaro.
¿Qué hemos hecho para que el país que ha creado Kuélap, la papa huayro, el tacu tacu y la marinera, produzca también a los jueces Zamalloa y a quienes lo consideran nada menos que un representante de la dignidad del fuero? ¿Hay un problema en la dieta, en la calidad del agua, en las experiencias tempranas? No lo sé y no creo que una conversación con Hugo Sivina, el presidente de la Corte Suprema, me ayude a averiguarlo.
Sivina ha salido a defender a Zamalloa, indicando que su fallo debe ser acatado. Debemos acostumbrarnos a obedecer los mandatos de los jueces, ha dicho. En igual diapasón, el presidente del Congreso, Ántero Flores-Aráoz, salió a decir que debemos dejar que los congresistas decidan lo que al Congreso compete. El uno defiende la vergonzosa decisión de proteger al delincuencial congresista González, y el otro la sospechosa medida cautelar del juez Zamalloa.
¿Se preguntan después el porqué del desprestigio de esos poderes? ¿Se preguntan por qué cuando se perpetra un golpe de Estado, sus autores siempre pueden dar como pretexto la inutilidad o la inmoralidad o la indecencia de esos poderes y encuentran la aprobación y el aplauso de la gente, (sin mencionar la complicidad de muchos de los que ahora proclaman defender el fuero)?
Lo curioso del caso es que casi todos los expertos juristas que han examinado el asunto concluyen en que la base legal de la decisión de Zamalloa es más que endeble, insostenible. En su notable artículo sobre el caso, por ejemplo, el jurista Abraham Siles del Consorcio Justicia Viva ha escrito que: ".surgen dudas y cuestionamientos serios a la actuación del juez Zamalloa. [si se demandaba una] declaración de nulidad de los certificados de explotación y de los permisos de operación otorgados a Lan Perú por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) -esto es, la nulidad de actos administrativos-, debió seguirse, no un proceso civil, sino un proceso contencioso-administrativo". Enrique Bernales también encontró que el fallo es "injustificado y arbitrario". Siles abunda en el diagnóstico de los vicios del fallo de Zamalloa.
El Ejecutivo, que, como se sabe, no atinó a encontrar otra solución que un decreto de urgencia tan cuestionado como el fallo del tremendo juez, ha sido criticado por no acatarlo en todos sus extremos.
No tengo dudas de que, como es su pertinaz costumbre, el Ejecutivo carece de coherencia y previsión. Que tiene un ministro poco competente en el sector, con una burocracia dividida entre quienes están a favor de Aerocontinente y sus reencarnaciones, y a favor de Lan Perú. El sector que tiene como lealtad fundamental al Estado y la sociedad peruanos es, diría yo, una minoría. Por eso lo improvisado y tardío de las reacciones.
Pero eso no le quita responsabilidad al Poder Judicial y a sus dirigentes, empezando por el saliente Hugo Sivina. ¿Qué medidas tienen a la mano para corregir obvios casos de arbitrariedad y abuso de función? ¿Cómo pueden permitir que la función juzgadora se utilice como arma frecuentemente mercenaria en guerras comerciales y que llegue a poner en peligro a servicios públicos esenciales en una nación que no tiene siquiera lo indispensable en ese ámbito? ¿Puede cualquiera de los 700 jueces civiles del la nación paralizar el transporte o la comunicación o la provisión energética del país?
Cuando la ley se divorcia del sentido común, cuando la noción de fuero se feudaliza y cuando el espíritu de la ley (normas que deben organizar en forma coherente y racional la actividad humana, sentando deberes y definiendo derechos en función de la razón y el bien común) degenera en una mazamorra de disposiciones formalistas, contradictorias y divorciadas de su espíritu, entonces el estado de derecho termina convertido en una ópera bufa donde medran los bribones. La historia nos enseña que si el Poder Judicial no se reforma a sí mismo, lo terminan reformando desde fuera, con pésimos resultados. Refórmense, entonces, de una buena vez.
El Comercio 8 de noviembre el 2004:
De jueces, medidas cautelares y aviones
Juan Monroy Gálvez / Jurista
A usted, como casi a todos, le interesa contar con vuelos regulares al interior del país. Sin embargo, este servicio ha estado preñado de sobresaltos sin que se tenga claro qué ocurrió. Un inventario de hechos y datos jurídicos le permitirán tener su propia opinión.
1. El pedido cautelar que inició el alboroto fue rechazado varias veces por jueces de Lima y Callao, en el lapso de cuatro o cinco meses. Esto significa, o que el juez Zamalloa advirtió lo que los otros jueces no apreciaron o, por el contrario, que no reparó en lo que fue obvio para sus colegas. Vaya eligiendo.
2. Una medida cautelar es una decisión judicial urgente y de actuación inmediata, destinada a asegurar el eficaz reconocimiento de un derecho que la duración del proceso podría perjudicar. Ejemplo: discuto con Pedro la propiedad de un terreno inscrito a su nombre, a pesar de que tengo documentos que me acreditan como dueño. Al inicio del proceso, pido al juez que "anote" mi demanda en el registro de propiedad y así, si Pedro vende el terreno, el comprador lo adquiere a sabiendas de que se trata de un bien sometido a litigio; de este modo la propiedad del comprador dependerá de que Pedro me gane el proceso. Si lo pierde, el terreno será mío. Esa "anotación" registral que me permite litigar con tranquilidad es, precisamente, una medida cautelar. Esta se solicita durante el proceso y antes de la sentencia, con lo cual se constata que cuando el juez califica no tiene certeza de quién ganará, solo actúa en base a posibilidades.
3. Un principio enseña que todo lo cautelar es urgente. Siendo así, ¿cómo se explica que una empresa anduviera por distintos jueces durante varios meses, sin que la "inminencia del peligro irreparable" -exigida en la norma que usó el juez Zamalloa- se haya perdido?
4. En la demanda -no en el pedido cautelar- la empresa solicita la nulidad del "certificado de explotación" de Lan Perú (nombre dado a la autorización para realizar vuelos comerciales). Pese a que se trata de un acto "administrativo" -expedido por la Dirección General de aeronáutica Civil-, el pedido de nulidad se formuló en un proceso "civil".
¿Un acto administrativo es impugnable judicialmente en el Perú? Sí, pero solo en un proceso contencioso administrativo o en un constitucional. Por tanto: no es posible pedir la nulidad de un acto administrativo en un proceso civil. Si así fuera, la demanda sería improcedente de plano. ¿Lo descrito debería ser conocido por el juez Zamalloa? Sí y de manera imprescindibles.
5. Admitiendo el absurdo (que en un proceso civil se pueda impugnar un proceso administrativo), veamos un elemento adicional. Una regla procesal básica enseña que en los casos de nulidad de un acto se debe demandar a quien lo expidió. Esto es obvio: si pretendo la nulidad de una compra-venta entre A y B, entonces debo demandar a ambos, si no el proceso será nulo. Ahora bien, ¿en el proceso de Arequipa se demandó a quien expidió el certificado de explotación? No. ¿El principio citado debió ser conocido por el juez Zamalloa?
Sí, es el ABC del proceso civil.
Finalmente, si el juez hubiera conocido ( o no hubiera desconocido que no es lo mismo ni igual en derecho) los datos antes descritos, ¿habría concedido la medida cautelar que ha puesto en vilo al país? No. ¿El Estado se hubiera arriesgado a actuar en los límites del Derecho -impidiendo un desastre en el transporte- expidiendo un discutible decreto de urgencia? No.
La independencia es un rasgo inherente a la calidad del juez, es la sangre en su carne. Pero, junto con la independencia (externa e interna) se encuentra la responsabilidad, de lo contrario el juez se convierte en instrumento de pasiones ajenas, que acaban perjudicando a personas más ajenas aun.
ggorriti@peru21.com
La polémica decisión del juez Eloy Zamalloa, que pone frente a frente al Ejecutivo con el Poder Judicial, es puesta bajo la lupa en este artículo.
En Lima hay alrededor de 40 mil abogados, de los cuales probablemente 30 mil son superfluos. En el Perú, es posible que sean más de 60 mil. De ese hinchado contingente emergen nuestros jueces. Este país tiene aproximadamente mil 700 jueces profesionales y dentro de ese grupo, alrededor de 700 son jueces civiles o mixtos.
Uno de esos 700, el juez Eloy Zamalloa, del Cuarto Juzgado Civil de Arequipa, dispuso -como se sabe- una medida cautelar que ordenó paralizar las operaciones de la aerolínea Lan Perú, que cubre una parte sustantiva del transporte aéreo dentro del país.
Ninguna simpatía me une a Lan Perú (que no sea la de pasajero satisfecho) y menos a más de uno de sus directivos locales. Pero eso no tiene nada que ver con el asunto de fondo, que sí es donde están todas mis simpatías: el derecho de la gente a un transporte aéreo competente y seguro.
El juez Zamalloa solo se diferencia por una cualidad respecto de un porcentaje significativo de sus 700 pares: su condición de destacado miembro del Apra: Zamalloa fue candidato aprista al Congreso el año 2000 con el número 35 y con el número 5 en la lista por Arequipa el 2001. Caretas aseveró también, el pasado mes de julio, que Zamalloa había sido secretario general del Apra en Arequipa en el período 1998-1999.
Pero aparte de seasaps, pañuelos y escopetas de dos cañones, el juez Zamalloa es funcionalmente idéntico a los otros jueces civiles en el Perú. Eso quiere decir que cualquiera de los 700 puede decidir -medida cautelar en ristre- paralizar la actividad portuaria; detener el suministro de electricidad, o de gas; silenciar los teléfonos y hasta imponer quién o qué ataca nuestras neuronas a través de la televisión.
Cualquiera de esos 700 puede en principio (mediante la tinterillada del caso) paralizar los puertos, despoblar los cielos, vaciar las carreteras, oscurecer las ciudades y forzar el retorno del pregón luego de silenciar las frecuencias de radio y hacerles eutanasia a las de televisión.
¿Exagero? Muy poco, a la luz de lo que el juez Zamalloa ha perpetrado, en medio de los cretinos aplausos de quienes supuestamente defienden desde los fueros del fuero hasta la supuesta separación de poderes.
¿Separación de poderes? Ese tipo de decisiones confiere potencialmente un poder mayor a esos jueces -sobre todo en lo negativo, lo limitante- que el que tienen el Poder Ejecutivo y el Legislativo en sus propios ámbitos. El uno y el otro deben actuar dentro de parámetros y protocolos de acción que aquí no existen, salvo el albedrío y la determinación del juez.
'Dura lex, sed lex'. La ley puede ser dura, pero su aplicación no debe ser estúpida. La ley debe estar al servicio de la nación y no la nación al servicio de la tinterillada. Nuestro país precisa un transporte aéreo denso, intenso, múltiple y plural, pues su difícil geografía así lo impone. Pero además necesita un transporte aéreo seguro, confiable y dinámico si aspira a robustecer o siquiera mantener su desarrollo turístico.
Hemos tenido muy buenos indicadores de desarrollo del turismo en el país. Y lo que es ahora promisorio pero todavía incipiente puede crecer exponencialmente, porque pocas naciones tienen lo que la nuestra. Pero se necesita el mínimo de sentido común y de información para saber que el turismo precisa servicios bien eslabonados, predecibles y confiables. Que si los jueces Zamalloa de este mundo prevalecen, entonces el Perú pasará a ser un destino turístico especializado en 'tours' para masoquistas, que sin duda se irán muy satisfechos, pero que, lamento decirlo, solo serían suficientes como para dar empleo a algunas dominatrices, unos pocos jueces y otros tantos abogados de Azángaro.
¿Qué hemos hecho para que el país que ha creado Kuélap, la papa huayro, el tacu tacu y la marinera, produzca también a los jueces Zamalloa y a quienes lo consideran nada menos que un representante de la dignidad del fuero? ¿Hay un problema en la dieta, en la calidad del agua, en las experiencias tempranas? No lo sé y no creo que una conversación con Hugo Sivina, el presidente de la Corte Suprema, me ayude a averiguarlo.
Sivina ha salido a defender a Zamalloa, indicando que su fallo debe ser acatado. Debemos acostumbrarnos a obedecer los mandatos de los jueces, ha dicho. En igual diapasón, el presidente del Congreso, Ántero Flores-Aráoz, salió a decir que debemos dejar que los congresistas decidan lo que al Congreso compete. El uno defiende la vergonzosa decisión de proteger al delincuencial congresista González, y el otro la sospechosa medida cautelar del juez Zamalloa.
¿Se preguntan después el porqué del desprestigio de esos poderes? ¿Se preguntan por qué cuando se perpetra un golpe de Estado, sus autores siempre pueden dar como pretexto la inutilidad o la inmoralidad o la indecencia de esos poderes y encuentran la aprobación y el aplauso de la gente, (sin mencionar la complicidad de muchos de los que ahora proclaman defender el fuero)?
Lo curioso del caso es que casi todos los expertos juristas que han examinado el asunto concluyen en que la base legal de la decisión de Zamalloa es más que endeble, insostenible. En su notable artículo sobre el caso, por ejemplo, el jurista Abraham Siles del Consorcio Justicia Viva ha escrito que: ".surgen dudas y cuestionamientos serios a la actuación del juez Zamalloa. [si se demandaba una] declaración de nulidad de los certificados de explotación y de los permisos de operación otorgados a Lan Perú por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) -esto es, la nulidad de actos administrativos-, debió seguirse, no un proceso civil, sino un proceso contencioso-administrativo". Enrique Bernales también encontró que el fallo es "injustificado y arbitrario". Siles abunda en el diagnóstico de los vicios del fallo de Zamalloa.
El Ejecutivo, que, como se sabe, no atinó a encontrar otra solución que un decreto de urgencia tan cuestionado como el fallo del tremendo juez, ha sido criticado por no acatarlo en todos sus extremos.
No tengo dudas de que, como es su pertinaz costumbre, el Ejecutivo carece de coherencia y previsión. Que tiene un ministro poco competente en el sector, con una burocracia dividida entre quienes están a favor de Aerocontinente y sus reencarnaciones, y a favor de Lan Perú. El sector que tiene como lealtad fundamental al Estado y la sociedad peruanos es, diría yo, una minoría. Por eso lo improvisado y tardío de las reacciones.
Pero eso no le quita responsabilidad al Poder Judicial y a sus dirigentes, empezando por el saliente Hugo Sivina. ¿Qué medidas tienen a la mano para corregir obvios casos de arbitrariedad y abuso de función? ¿Cómo pueden permitir que la función juzgadora se utilice como arma frecuentemente mercenaria en guerras comerciales y que llegue a poner en peligro a servicios públicos esenciales en una nación que no tiene siquiera lo indispensable en ese ámbito? ¿Puede cualquiera de los 700 jueces civiles del la nación paralizar el transporte o la comunicación o la provisión energética del país?
Cuando la ley se divorcia del sentido común, cuando la noción de fuero se feudaliza y cuando el espíritu de la ley (normas que deben organizar en forma coherente y racional la actividad humana, sentando deberes y definiendo derechos en función de la razón y el bien común) degenera en una mazamorra de disposiciones formalistas, contradictorias y divorciadas de su espíritu, entonces el estado de derecho termina convertido en una ópera bufa donde medran los bribones. La historia nos enseña que si el Poder Judicial no se reforma a sí mismo, lo terminan reformando desde fuera, con pésimos resultados. Refórmense, entonces, de una buena vez.
El Comercio 8 de noviembre el 2004:
De jueces, medidas cautelares y aviones
Juan Monroy Gálvez / Jurista
A usted, como casi a todos, le interesa contar con vuelos regulares al interior del país. Sin embargo, este servicio ha estado preñado de sobresaltos sin que se tenga claro qué ocurrió. Un inventario de hechos y datos jurídicos le permitirán tener su propia opinión.
1. El pedido cautelar que inició el alboroto fue rechazado varias veces por jueces de Lima y Callao, en el lapso de cuatro o cinco meses. Esto significa, o que el juez Zamalloa advirtió lo que los otros jueces no apreciaron o, por el contrario, que no reparó en lo que fue obvio para sus colegas. Vaya eligiendo.
2. Una medida cautelar es una decisión judicial urgente y de actuación inmediata, destinada a asegurar el eficaz reconocimiento de un derecho que la duración del proceso podría perjudicar. Ejemplo: discuto con Pedro la propiedad de un terreno inscrito a su nombre, a pesar de que tengo documentos que me acreditan como dueño. Al inicio del proceso, pido al juez que "anote" mi demanda en el registro de propiedad y así, si Pedro vende el terreno, el comprador lo adquiere a sabiendas de que se trata de un bien sometido a litigio; de este modo la propiedad del comprador dependerá de que Pedro me gane el proceso. Si lo pierde, el terreno será mío. Esa "anotación" registral que me permite litigar con tranquilidad es, precisamente, una medida cautelar. Esta se solicita durante el proceso y antes de la sentencia, con lo cual se constata que cuando el juez califica no tiene certeza de quién ganará, solo actúa en base a posibilidades.
3. Un principio enseña que todo lo cautelar es urgente. Siendo así, ¿cómo se explica que una empresa anduviera por distintos jueces durante varios meses, sin que la "inminencia del peligro irreparable" -exigida en la norma que usó el juez Zamalloa- se haya perdido?
4. En la demanda -no en el pedido cautelar- la empresa solicita la nulidad del "certificado de explotación" de Lan Perú (nombre dado a la autorización para realizar vuelos comerciales). Pese a que se trata de un acto "administrativo" -expedido por la Dirección General de aeronáutica Civil-, el pedido de nulidad se formuló en un proceso "civil".
¿Un acto administrativo es impugnable judicialmente en el Perú? Sí, pero solo en un proceso contencioso administrativo o en un constitucional. Por tanto: no es posible pedir la nulidad de un acto administrativo en un proceso civil. Si así fuera, la demanda sería improcedente de plano. ¿Lo descrito debería ser conocido por el juez Zamalloa? Sí y de manera imprescindibles.
5. Admitiendo el absurdo (que en un proceso civil se pueda impugnar un proceso administrativo), veamos un elemento adicional. Una regla procesal básica enseña que en los casos de nulidad de un acto se debe demandar a quien lo expidió. Esto es obvio: si pretendo la nulidad de una compra-venta entre A y B, entonces debo demandar a ambos, si no el proceso será nulo. Ahora bien, ¿en el proceso de Arequipa se demandó a quien expidió el certificado de explotación? No. ¿El principio citado debió ser conocido por el juez Zamalloa?
Sí, es el ABC del proceso civil.
Finalmente, si el juez hubiera conocido ( o no hubiera desconocido que no es lo mismo ni igual en derecho) los datos antes descritos, ¿habría concedido la medida cautelar que ha puesto en vilo al país? No. ¿El Estado se hubiera arriesgado a actuar en los límites del Derecho -impidiendo un desastre en el transporte- expidiendo un discutible decreto de urgencia? No.
La independencia es un rasgo inherente a la calidad del juez, es la sangre en su carne. Pero, junto con la independencia (externa e interna) se encuentra la responsabilidad, de lo contrario el juez se convierte en instrumento de pasiones ajenas, que acaban perjudicando a personas más ajenas aun.
25 comentarios
Jorge Daniel Morales Lipa -
1.- Por un lado con la decisión apresurada del juez Zamalloa muchas personas se quedaron sin empleo y a la vez muchas otras mas se vieron afectadas pues el no contar con el medio aéreo afecto notablemente al turismo.
2.- Pero el emitir un decreto de urgencia para restablecer los vuelos de la aerolínea LAN, por parte del ejecutivo rompe totalmente el estado de derecho, pues no se da la autonomía de poderes, presupuesto básico en todo estado democrático.
3.- Al mismo tiempo si tenemos en cuenta la reciente salida del mercado de Aero Continente y su cambio por Nuevo Continente, aerolínea que no cuenta con los recursos suficientes para ofrecer un servicio eficiente, el sacar del mercado a una aerolínea mas, restringía el normal desenvolvimiento del país, y esto es algo que debió tener muy en cuenta el juez Zamalloa.
Victor Oscar Mamani Quiroz -
Ana de los Angeles Mamani Flores -
Ana de elos angeles Mamani Flored -
karina condori mejia -
karina condori mejia -
Ingrid Alexandra Bravo Arredondo -
Por lo expuesto podemos ver que en nuestro país no existe seguridad jurídica, porque una de sus características es la autonomía de los poderes del estado.
christian mamani caira -
Dr: Marco Antonio Mayta L. -
creo que la decisión expedida por el magistrado es correcta por más que haygan algunos que quieran decestimarlo,ylo digo porque lo he analisado empiricamente desde el punto de vista que puede tener un pseudo abogado, que tuvo otras salidas(el juez)es cierto,que actuó con cierto nacionalismo tambien ;pero lo que nadie sabe, o muy pocos es que ,la empresa chilena "lan peru", ahora se ha convertido en la única que brinda el servicio en el mercado,osea se amonopolizado el servicio,y a suvido sus tarifas en un 100%, yo pregunto es justo eso ,eso es lo que finalmente buscaba el desgobierno de alejandro toledo.saquen sus propias conclusiones.
Alejandra Rivera Arce -
JULIO SARAYASI ALEJO -
La separacion de poderes debe ser respetada por el bien del estado, las normas se han creado para regular el comportamiento humeno, y si cuando se presente un problema en el cual se vean involucrados transnacionales, simplemente se haran un lado las normas solo por el sencillo hecho de ser empresas importantes,Chile protege a sus empresas por que el peruano destruye las suyas.
shirley machicao nuñez -
El problema creo es que la mucha gente s e vaa ver parcializada a favor del dictamen de este juez debido a que nos encontramos rodeados de una competencia deslean con nuestro vecino pais ,si biene s cierto que se debe tener en cuenta la seguridad d e las personas ,esto no pasaria si hubiera el apoyo correspondiente a lo peruano,que deberia ser lo primordial.
Richard Julio López Balabarca -
Es cierto que la existencia de esta empresa aerea trae beneficios para el país, pero no olvidemos que por importante que sea esta va a cometer infracciones que van en contra de lo que estipula la ley, es que acaso reina la arbitrariedad en nuestro país?
ADELA PEREA MOLLO -
Creo que lo que se puede rescatar de dicho juez, es la valentía que tuvo, al tomar una decisión en contra LAN PERU -sabiendo que es una empresa extraordinariamente solvente-; mientras que otros la habrían favorecido. Pero sabemos que no sólo ser valiente -valor importante para ser juez- es suficiente, sino que se requiere tambien entre otras cosas ser acertado.
Seria importante saber ¿por qué tomó esa decisión?.
Romel Magdiel Pumalla Alviz -
En segundo lugar, de repente el juaz Zamalloa pudo tener otras salidas y no la de dictar una medida cautelar para paralizar los vuelos de LAN PERU, pudo buscar otras alternativas que no sean tan perjudiciales y en especial para los pobres pasajeros, quienes sufrieron todos los daños.Creo que la accion del juez fue muy apresurada; no se si lo hizo siguiendo su concepcion de justicia o lo hizo para ganar fama, para llegar a enfrentarse con el poder ejecutivo, algo sumamente atrevido.
En lo que si estoy de acuerdo no Gorriti es que el poder judicial necesita una reforma desde sus raices, ya que todo esta corronpido y no existe por lo tanto seguridad juridica y esto podria provocar un desorden social si no es solucionado a tiempo.
johanna cuela -
johannacuela -
rocio baldarrago valdivia -
Ana de los Angeles Mamani Flores -
Ana de los Angeles Mamani Flores -
Ana de los Angeles Mamani Flores -
Fiorella Nancy Bolivar Callata -
jos e sevillano sueros -
ROSA ELENA CONDORI APAZA -
José Ramos Villanueva -