filosofiayderecho

El Comercio, 01-11-04
¡Poderes separados sí, pero peleados no!
Enrique Bernales Ballesteros
Jurista

El Juzgado Civil 48 de Lima ha emitido una resolución que no se ajusta al sistema constitucional peruano. Ordena al Congreso abstenerse de continuar con la reforma constitucional del Decreto Ley 20530. El sistema de control constitucional en el Perú no es como en Chile ex ante (ante proyectos legislativos en discusión), sino ex post; es decir, contra la aplicación de normas jurídicas vigentes.
He sostenido en otro artículo que estoy de acuerdo con el cierre de la 20530 y la eliminación de la cédula viva, sin perjuicio de discrepar con el traslado de la teoría de los hechos cumplidos a la Constitución por parecerme algo peligroso y desconfiable. Pero posiciones como la que sustento son contribuciones al debate legislativo. La de la Jueza Rendón es todo lo contrario, pretende cerrarlo. Los jueces no pueden interferir con la actividad legislativa, como tampoco los representantes pueden inmiscuirse en procesos judiciales en curso. Con relación a la independencia de la función parlamentaria, rige el principio constitucional (artículo 93 de la Constitución) que sostiene que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, ninguna resolución judicial puede tener efecto en el proceso de elaboración de leyes. El fallo, además, desconoce los artículos 102 y 206 de la Constitución, en los que se reconoce las atribuciones del Congreso, entre ellas: elaborar las leyes y reformar la Constitución. Una resolución judicial que desconoce las atribuciones constitucionales del Congreso, quiebra el principio de separación de poderes, elemento esencial de una democracia.
La pretensión de detener una reforma constitucional mediante una resolución judicial es una muestra de los graves desencuentros que vienen afectando las relaciones orgánicas entre los poderes del Estado. Un fallo de amparo no es general, sino solo aplicable a los accionantes y para el caso concreto. No puede, por ejemplo, invalidar una norma jurídica, sino impedir que sus efectos afecten los derechos fundamentales de quienes interpusieron la demanda, lo que no es el caso, porque esa norma no existe y lo que está en debate no son derechos fundamentales, que se espera no sean afectados sino derechos adquiridos, que son otra cosa. Así el único efecto posible sería que el Congreso paralice un proceso de elaboración de una norma de carácter general, lo cual es un disparate.
El Poder Judicial no tiene como potestad declarar procedente y fundada una demanda formulada respecto al impacto de una norma que no existe. El control jurisdiccional y la protección de derechos fundamentales, en el caso de aplicación de normas, solo puede proceder respecto a leyes vigentes y no a proyectos de ley. La Ley 23506, de Hábeas Corpus y Amparo no considera ningún supuesto en el que un acto ofensivo al derecho pueda devenir de la aplicación de un proyecto legislativo.
Nadie discute que los fallos de los jueces deben acatarse, pero cuando lo que guía una resolución no es una racionalidad de justicia, tal decisión se convierte en absurda y en peligrosa si es que, como en el caso, se viola el Estado de derecho y la independencia de los poderes del Estado. Pareciera que el Poder Judicial, el Congreso y el Gobierno hubiesen entrado en un juego de yuxtaposiciones, en donde la única que pierde es la democracia. Ojalá gane la cordura y los funcionarios del Estado aprendan cuáles son sus auténticas funciones y cuáles los límites de las mismas.

El Comercio, 01-11-04
Los peruanos hablan de valores, pero no los practican
León Trahtemberg, Educador
No me sorprende esta contradicción y se observa tanto desde el punto de vista político como educativo. El pueblo elige gobernantes sabiendo que lo que dicen no lo van a cumplir. En la escuela se habla de honestidad, de respeto a la norma, pero padres y maestros tienen actitudes violentas y deshonestas.

¿Hay alguna salida?
Que el pueblo elija gobernantes con calidad ética. Los valores se evidencian a partir de las autoridades que ejercen poder.
¿A quiénes se refiere?
Están el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, el policía. En la casa están los padres, como modelos frente a sus hijos.

El mal ejemplo no debe extenderse
Hace falta un cambio en todos los sectores y hasta en algunas autoridades
ÁLVARO GASTAÑADUI RAMÍREZ

Primer acto: El 30 de enero del 2004, a las 9:30 a.m., la policía Elizabeth Tello Yábar hacía su ronda habitual y encontró un auto estacionado sobre la vereda de la primera cuadra de la avenida Miró Quesada, en San Isidro. Cuando estaba poniendo la papeleta, salió el dueño del vehículo, el presidente de la región Lima-Provincias, Miguel Ángel Mufarech, y en forma iracunda empujó a la policía, le arrebató la tarjeta de propiedad del auto y se dio a la fuga raudamente con su chofer.
Segundo acto: A unos cuantos metros de ese lugar se encuentra el Club El Golf de San Isidro y en todo su perímetro está prohibido estacionarse, también hay una zona exclusiva para quienes acostumbran correr por allí e, incluso, está señalizada. Sin embargo, a toda hora hay vehículos -cada uno más moderno y lujoso que el otro- estacionados en ese lugar. No les importa que los deportistas corran por la pista, arriesgándose a ser atropellados.
Tercer acto: Gregorio de la Cruz es un ayacuchano que, después de haber sido ambulante, ahora es chofer de combi. Hasta ahora no ha pagado -y es casi seguro jamás lo hará- los casi 150 mil soles que debe por las más de 300 papeletas de tránsito que le ha impuesto la policía. Así como él, hay miles de choferes que conducen sin respetar la ley y que no escatiman unas monedas para evitar que les impongan una multa.

¿Qué pueden tener en común estos tres hechos, que tienen como protagonistas a personas de diferentes niveles económicos, académicos y que, incluso, han tenido suertes diferentes en la vida? En primer lugar, su falta de respeto a la ley y un desprecio al derecho de sus semejantes; y en segundo lugar, autoridades que les permiten seguir haciendo lo que quieren y que no les importa mucho hacer respetar la ley ni las normas que ellas mismas han dado.

SABEN QUE ESTÁ MAL
Pero la falta de valores que se observa en nuestra ciudad no solo se da en hechos que tienen un gran impacto social; sino también en la vida cotidiana y en los más diversos lugares y escenarios: desde la política hasta los colegios, pasando por supuesto por los negocios.
Y todo esto no es lo más grave. Según la encuesta realizada por la empresa Apoyo, Opinión y Mercado en Lima, los limeños reconocen que deberían asumir una serie de valores en su vida -como respeto a la ley, la puntualidad, la honestidad, la disciplina, etc.- pero, erre con erre, siguen igual.
Además, y ello queda reflejado en el sondeo realizado para el diario El Comercio, los limeños son conscientes de que los valores que necesitan para lograr el desarrollo son precisamente los que menos practican. Incoherencias de la vida: vamos por el camino equivocado; pero, no importa, lo seguimos transitando.
Cuando estuvo en nuestra capital Douglas North, premio Nobel de Economía 1993 por haber establecido la relación que hay entre las actitudes de una sociedad con su nivel de desarrollo, señaló que un país pobre y atrasado que no destierre la corrupción y la deshonestidad jamás podrá salir del subdesarrollo.
Solo queda recoger el guante y asumir, cada uno y en su lugar, el reto de cambiar.

El Comercio, 04-11-04
Para un 91% el Perú es muy corrupto
Según tercer sondeo nacional, la ciudadana percibe que esta plaga crecerá en próximos años
El Perú es un país corrupto. Esta es la amarga conclusión de una tercera encuesta nacional sobre la corrupción elaborada por Apoyo y publicada por Proética. Según este sondeo, un 44% percibe el Perú como un país corrupto, mientras que otro 47% piensa que es un país muy corrupto. Solo el 1% opina que el Perú es nada corrupto.
Por eso este tema comienza a escalar puestos en la lista de los problemas más graves que afectan el Perú. Ahora se encuentra como el tercero , solo detrás del desempleo y la pobreza.
"El 96 % de la población califica la corrupción como problema grave o muy grave. Solo la preceden en la percepción de prioridad el desempleo y la pobreza", detalló Alfredo Torres, director gerente de Apoyo Opinión y Mercado.
Hizo hincapié en el aparente pesimismo que afecta a una amplia mayoría de la población respecto de la posibilidad de superar este lastre, pues el 43% de los encuestados opina que en los próximos cinco años la corrupción en el Perú habrá aumentado, mientras que el 40% piensa que seguirá igual.

ENORME DESAFÍO
A su vez Pepi Patrón, presidenta de Transparencia, hizo notar el sentimiento ciudadano que "los responsables de la lucha contra la corrupción son, a la vez, los más corruptos". Para los encuestados las instituciones llamadas a combatir la corrupción son el Congreso, el Gobierno Central, el Poder Judicial y la policía, considerados, aunque en distinto orden, como los más corruptos en el país.
Torres alertó, por otro lado, que si bien el gobierno de Fujimori sigue siendo visto como el más corrupto en los últimos años, se ha detectado que esta percepción bajó del 49% al 43% entre el 2003 y el 2004. En cambio, la asociación del gobierno de Toledo con la corrupción subió del 20% al 30% en el mismo período.
Frente a las revelaciones de esta tercera encuesta nacional, el presidente del Congreso, Ántero Flores-Aráoz, criticó ayer que el Gobierno hubiera hecho muy poco en materia de la lucha contra la corrupción.

Si no hay comida cuando se tiene hambre,
si no hay medicamentos cuando se está enfermo,
si hay ignorancia, y
si no se respetan los derechos elementales de las personas,
la democracia es una cáscara vacía,
aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento.

NELSON MANDELA
Presidente de Sudáfrica
XIV Cumbre de Presidentes Bloque del Mercosur
Ushuaia (Tierra del Fuego) Julio 1998

El Comercio 10-11-04
De dónde vienen y qué hacer con los linchamientos
Héctor López Martínez Historiador

Con alarmante frecuencia vienen sucediéndose en nuestro país numerosos casos de linchamiento, no solo en lugares apartados sino en diversos asentamientos humanos de la capital.
Las estadísticas nos dicen que se han producido a lo largo del presente año casi dos mil episodios en que turbas enardecidas tomaron justicia por propia mano, dejando a presuntos o reales delincuentes con graves lesiones y habiendo dado muerte a veinte de ellos sin que las autoridades pudieran impedirlo.
La palabra linchar la define el "Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua" como "Ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo". En el "Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico" de J. Corominas y J.A Pascual se afirma que el verbo inglés está en uso desde 1836, pero ya en 1811 se habla de la aplicación de la "ley de Lynch". Añade que historiadores norteamericanos aseguran que se aplicó desde 1776 o 1780. El origen del vocablo no es del todo claro. El DRAE señala que se tomó del apellido de un juez de Virginia, Estados Unidos, que vivió en el siglo XVIII. Esta práctica tenía lugar en el ámbito rural, en pueblos recién formados, en esa frontera que se movía constantemente creando con extraordinaria rapidez nuevas localidades. El fenómeno se dio, sobre todo, en la conquista del Oeste. Sin embargo hay quienes sostienen que fue otro virginiano, Charles Lynch, quien dio origen a la palabra. También solía propiciar la "justicia" sin dilaciones a las que reputaba innecesarias.
Más información se tiene sobre el capitán William Lynch -que sería el tercer personaje de este apellido- que a fines del siglo XVIII, en el condado de Pittsylvania, Virginia, al producirse una ola de crímenes, reunió a sus vecinos, el 22 de setiembre de 1780, y acordaron castigar a los delincuentes, por su propia mano, de acuerdo con el delito u ofensa cometido. El capitán William Lynch se puso a la cabeza de estos "justicieros" y cuando falleció, en 1820, sus conciudadanos escribieron en su lápida: "La virtud fue su verdadera guía".
Muchas veces la masa enardecida, generalmente de muy bajo nivel cultural, decepcionada por la falta de protección que debe proporcionarle el Estado, decide actuar al margen de la ley. Esas personas no entienden por qué alguien, a todas luces culpable, necesita ser procesado con la posibilidad de ser puesto en libertad apenas en unos pocos días o meses. Surge entonces la tentación, que se convierte en realidad, de aplicar inmediato castigo con una crueldad que llega al más feroz salvajismo.
La falta de presencia del Estado, por la carencia de efectivos policiales, la desconfianza en el Poder judicial, las autoridades corruptas -no pocas veces coludidas con los delincuentes- la ausencia de valores que hace posible aflorar pasiones muy difíciles de contener, tienen como resultado estos linchamientos que en pleno siglo XXI nos retrotraen a una etapa primitiva de la historia en que, aplicando la "ley de Lynch", se cometieron atrocidades sin nombre de las cuales fueron víctimas muchas personas inocentes. Todavía en las primeras décadas del siglo XX el Ku-Klux-Klan invocaba esta perversa "ley" contra la gente de color en Estados Unidos. Por la dignidad de nuestro país, el Gobierno, los demás poderes del Estado, todos los ciudadanos, debemos hacer lo posible para que esta salvaje vergüenza no siga repitiéndose una y otra vez. Los peruanos debemos recuperar la fe en la justicia que, por desgracia, está severamente desacreditada.

El Abogado del siglo XXI debe tener ciertas cualidades: capacidad negociadora, equidad, ecuanimidad; en consecuencia, los abogados deberán tener conocimientos de mediación, conciliación e incluso ser una especie de psicólogos y sociólogos, todo esto con la finalidad de evitar largos procesos legales que distan completamente de la rapidez y agilidad que demandan, actualmente, las relaciones comerciales y en general, las relaciones jurídicas de la sociedad.
LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, así como las transformaciones sociales, políticas y culturales, fruto del incontenible transcurso del tiempo repercuten en todas las ramas el saber y en fin, sobre la conducta humana. La labor del Abogado no está al margen de éstos cambios, por el contrario, en la actualidad el profesional del derecho se ve obligado a adaptarse a las nuevas exigencias y necesidades que presenta la sociedad. En este contexto, el Abogado del siglo XXI requiere mayor preparación y destrezas, que no se limitan estrictamente a los conocimientos jurídicos sino a disciplinas extrajurídicas, cuyo dominio implica un mejor perfil profesional y en consecuencia, la posibilidad de obtener mejores oportunidades en un entorno profesional tan competitivo.
Tradicionalmente el buen abogado ha sido concebido como aquel que más juicios o contiendas legales gana; sin embargo, ese concepto ha ido evolucionando; y, hoy por hoy es posible afirmar que el profesional del derecho más eficaz es aquel que logra solucionar los conflictos extrajudicialmente, que tiene la facultad de persuadir a las partes para que cedan en sus pretensiones y lograr un acuerdo; para tal efecto, el Abogado del siglo XXI debe tener ciertas cualidades: capacidad negociadora, equidad, ecuanimidad; en consecuencia, los abogados deberán tener conocimientos de mediación, conciliación e incluso ser una especie de psicólogos y sociólogos, todo esto con la finalidad de evitar largos procesos legales que distan completamente de la rapidez y agilidad que demandan, actualmente, las relaciones comerciales y en general, las relaciones jurídicas de la sociedad.
Por otro lado, el gran número de abogados que existe en nuestro país, genera una fuerte competencia, que obliga a los profesionales a especializarse en las diversas ramas que comprende el derecho; las mismas que no se agotan en las materias tradicionales como el derecho laboral o societario, sino que ofrece una amplia gama de alternativas que aumenta en gran medida en base al desarrollo de la ciencia y la tecnología, así, actualmente se escucha hablar de Derecho Informático, Derecho Ambiental, entre otros.
Dentro de las disciplinas extrajurídicas que el abogado debe dominar está la informática, el profesional del presente siglo debe conocer y manejar con solvencia las herramientas y sistemas informáticos, que no sólo facilitan su trabajo y optimizan su tiempo sino que además les permiten mantenerse permanentemente actualizados, como es el caso de la red de Internet, a través de cual se puede acceder a la más vasta información, así como exponer, analizar, discutir, intercambiar distintos puntos de vista sobre temas legales específicos mediante salas o foros virtuales.
El proceso de globalización también trae repercusiones para los profesionales del derecho. En un mundo sin fronteras es imprescindible la utilización de una lengua única que permita facilitar intercambios culturales, económicos, tecnológicos, científicos. Sin lugar a dudas, este idioma es el inglés. La red de internet que en su gran mayoría se encuentra dominada por esta lengua es una muestra de ello y de la necesidad de que los abogados se preparen en el aprendizaje de este idioma o al menos un idioma extranjero.
De lo dicho se desprende que actualmente, la preparación del Abogado debe ser integral e interdisciplinaria, no puede limitarse a la ciencia del derecho, debe comprender conocimientos de informática, idiomas extranjeros, administración de empresas, economía y en fin todas aquellas materias que tiene relación con cada una de las ramas del derecho. La ciencia del derecho está llamada a normar y regular la conducta humana, bajo esta premisa el Abogado debe prepararse para afrontar y adaptarse a los cambios y las nuevas tendencias futuras.
(*) Este artículo fue compilado por Jose Carlos Manrique Lazarte investigando a varios autores, uno de los mas importantes y precisos fue la del abogado Salvadoreno radicado en USA Salvador Jucandella en su obra "El Abogado Transnacional del Siglo XXI".

SINOPSIS
¿Quién es este hombre de aspecto desgarbado y solitario que baja hacia el pueblo, atraído por las voces y ruidos de la comunidad? Cuando lo vean, seguramente pocos lo recordarán. Ya es todo un hombre y lleva marcado el rostro con la tinta indeleble del sufrimiento y la injusticia. Sin embargo, en sus ojos apagados vive todavía aquel niño serrano de once años llamado Juan (Antonio Callirgos), hijo de Domitila (Liliana Trujillo) e hijastro del cobarde Fermín (Aristóteles Picho). Su corta vida encontraba reposo en la amistad de Pacho (Ángel Rojas), el hijo del alcalde; Rosita (Anaís Padilla), una pequeña pastora; y el viejo herrero que le enseñaba a batir el hierro y a fabricar aves de papel. ¿Cómo ha llegado entonces a ser quién es? Para eso hay que recordar el día fatídico en que el padre de Pacho es asesinado y Juan descubre que Fermín, su padrastro, es un delator y está implicado en el crimen. Este conocimiento provoca que Fermín entregue a Juan a los terroristas, para asegurar su silencio. Imprevistamente, sin que medie consulta alguna, Juan es obligado a militar en las filas insurgentes, junto a otros niños y adolescentes cautivos como él, a los que se entrena para matar y para tolerar la visión de la muerte sin pestañear. Juan logra huir y se dirije a su pueblo. Su propósito es alertar a los vecinos que es inminente una incursión terrorista. Nadie le cree, pues lo acusan de ser un señuelo. Domitila consigue esconder a Juan, pero pronto es descubierto. Cuando las huestes terroristas llegan al pueblo, preparan un "juicio popu-lar". Pacho y Rosita observan cómo Juan y Domitila son arrastrados hacia la plaza, junto a la autoridad y al padrastro, todos acusados de traición. Desesperados, los pequeños acuden en búsqueda de la ronda campesina (la misma que desoyó la advertencia de Juan) y, en el camino, Pacho cae herido, lo que deriva en una batalla campal de desiguales proporciones: los ronderos (sistema popular de vigilancia) blandiendo trinches, palos y granadas caseras, mientras los terroristas empuñan sus fusiles. La batalla es ganada por los campesinos, pero en la plaza yacen muertos y heridos. Cuando un camión del ejército llega al pueblo, comienza para Juan otra etapa dolorosa de su vida: la estancia en la cárcel. Años después, indultado, Juan regresa al pueblo. Llega en búsqueda de los recuerdos de una infancia que seguramente no fue feliz, pero que tuvo rostros y situaciones que la memoria guarda con devoción.

Dirección y guión: Fabrizio Aguilar.
País: Perú.
Año: 2003.
Duración: 87 min.
Interpretación: Antonio Callirgos (Juan), Eduardo Cesti (Viejo), Aristóteles Picho (Fermín), Liliana Trujillo (Domotila), Sergio Galliani (Wilmer), Melania Urbina (Yeni), Tatiana Astengo (Carmen), Jesús Carbajal (Modesto), Ángel Rojas (Pacho), Anaís Padilla (Rosita).
Producción: Fabrizio Aguilar.
Música: Irene Vivanco.
Fotografía: Micaela Cajahuaringa.
Montaje: Enrique Río.
Dirección artística: Eduardo Camino.
Vestuario: Leslie Hinojosa.
http://www.labutaca.net/films/24/palomadepapel.htm

El Comercio 15-11-04
El 64% opina que población sí puede tomar justicia por sus propias manos

Mayoría está a favor de que serenos realicen detenciones. El 83% piensa que el Estado debe invertir más en seguridad interna.
Los gritos de la turba se alzaban exigiendo justicia. Cuando la puerta del establecimiento se abrió, la multitud cayó encima de los delincuentes, arrebatándoselos a la policía, golpeándolos hasta hacerlos sangrar. Los asaltantes fueron finalmente trasladados a la comisaría, pero primero tuvieron que pasar por el hospital. Estos hechos, ocurridos la madrugada del 1 de noviembre en Los Olivos, durante un frustrado asalto a una cabina de Internet, se han convertido, para preocupación de las autoridades, en una noticia recurrente en las páginas policiales de los periódicos y parte de la agenda diaria de las comisarías.
La falta de autoridades honestas y capaces, así como la ausencia de leyes adecuadas y de efectivos policiales son la raíz de estos linchamientos populares, según la percepción de la población, recogida en una reciente encuesta de Apoyo. El estudio revela que solo el 33% de los limeños considera que este fenómeno tiene su origen en la falta de respeto a la ley por parte de la población, mientras que la mayoría se inclina por las otras opciones.
Otro dato por tomar en cuenta es el que indica que el 61% de los encuestados opina que, si las autoridades fallan, la población tiene derecho a tomar justicia por sus propias manos, sin llegar a matar. Otro 3% piensa que no importa si se causa la muerte al infractor. Ambos suman 64% a favor de estas formas de justicia. Solo el 35% opina que tal derecho no depende de la voluntad popular.
Los porcentajes a favor de los linchamientos son mayores en los niveles socioeconómicos bajos . Mientras en el nivel E el 55% de entrevistados considera que existen delitos que los justifican, en el A la cifra alcanza solo el 23%. En este último grupo, el 100% consideró que la violación sexual de menores es uno de los delitos que merece este tipo de castigo.

Sí

1. Evita la tiranía
2. Permite la participación del pueblo
3. Sí, si se sigue las bases en las que se fundamenta la democracia
4. Ayuda a la gente a proteger sus intereses fundamentales
5. Permite a las personas libertad para su propio desarrollo
6. Libertad de expresión sin condiciones

No
1. Porque no hay un buen sistema educativo
2. Poruqe la mayoría de la población no es competente
3. Se lo ha implantado y no ha nacido de la gente
4. No sabemos si los gobernantes elegidos representan el interés del pueblo
5. Fomenta desorden
6. Hau mejores modelos de organización política
7. Distancia a los grupos antagónicos
8. No escoge planes, proyectos, sino personas
9. Una persona sin preparación puede ser gobernante
10. No asegura la igualdad de sus integrantes